Decidir sobre la sexualidad es un derecho humano inalienable.

Recomendaciones para prevenir el embarazo en adolescentes en el contexto de elecciones regionales y municipales 2022 y los nuevos Acuerdos de Gobernabilidad 2023-2026.

Propuestas

Actualizar y aprobar

el Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes 2022, articulado a un presupuesto multisectorial y multinivel con un enfoque territorial.

Asignar

presupuesto para la difusión y entrega de los “Kits para la Atención de Casos de Violencia Sexual”, ya sea en el marco del “Porgrama Presupuestal Salud Materno Neonatal” o en el marco del “Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer”.

Incluir

paquetes de indicadores de impacto y calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para el sistema de información, evaluación, y rendición de cuentas.

Incluir

paquetes de indicadores de impacto y calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para el sistema de información, evaluación, y rendición de cuentas.

Priorizar

en el currículo escolar la implementación de la educación sexual integral.
Actualizar y aprobar el Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes 2022, articulado a un presupuesto multisectorial y multinivel con un enfoque territorial.

Asignar

presupuesto para la difusión y entrega de los “Kits para la Atención de Casos de Violencia Sexual”, ya sea en el marco del “Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer”.

Asignar

presupuesto para la difusión y entrega de los “Kits para la Atención de Casos de Violencia Sexual”, ya sea en el marco del “Porgrama Presupuestal Salud Materno Neonatal” o en el marco del “Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer”.

Fortalecer

las estrategias articuladas a nivel de implementación de políticas públicas entre los Ministerios de la Mujer, Educación y Salud para impulsar mecanismos para la prevención y erradicación de embarazos infantiles forzados, en adolescentes y jóvenes, así como el abordaje oportuno de la violencia basada en género.

Fortalecer

participación y el rol de los Gobiernos Locales en la atención primaria de la salud desde un tratamiento multicausal de los problemas de salud, tanto como a la buena calidad de atención en los servicios, empezando por el primer nivel de atención.

Asegurar

el cumplimiento de lo estipulado por la Guía de estandarización del aborto terapéutico no punible, por ende, debe entenderse como un procedimiento más del paquete prestacional del sistema de salud que no requiere de procedimientos ni niveles de atención complejos.

Monitorear

la implementación del protocolo del aborto terapéutico en los establecimientos de salud del país.

Elaborar

y aprobar una Norma Técnica de Salud exclusiva para la atención integral diferenciada para las niñas en estado de embarazo producto de violación sexual; acorde a los estándares internacionales de derechos humanos y su interés superior, así como la evidencia científica.

Fortalecer

los servicios de planificación familiar, con prioridad en el incremento de información y acceso a métodos anticonceptivos modernos, en especial en adolescentes.

Fortalecer

la capacidad de liderazgo de los equipos de profesionales de salud, especialmente en el primer nivel de atención, para que sean competentes en construir sinergias con los gobiernos locales y los sectores sociales y económicos en el territorio, que aborden los problemas locales que subyacen a mortalidad materna y neonatal y el embarazo en adolescentes.

Aprobar

la política nacional de salud sexual y reproductiva alineada a las políticas públicas vigentes.

Incorporar

la Salud Sexual y Reproductiva en el Plan Multisectorial “Perú País Saludable 2030”.

Priorizar

la planificación familiar y en específico, el acceso a métodos anticonceptivos modernos sea incorporado en las políticas y planes regionales y locales a fin de prevenir muertes maternas y neonatales producto del aborto en condiciones clandestinas e inseguras, suicidio y otros que afectan a las mujeres y los niños/as.

Fortalecer

la articulación con los actores y sectores de su jurisdicción como las Direcciones Regionales de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local, agentes comunitarios, organizaciones de adolescentes, integrando esfuerzos para lograr una efectiva atención integral de la salud de las niñas y adolescentes embarazadas, sobre todo si es por violación sexual.

Desarrollar

e implementar programas de capacitación y entrenamiento adecuados para los equipos de salud en atención clínica y gineco-obstétrica pediátrica, con perspectiva de género, niñez y adolescencia y derechos humanos, especialmente acorde con el manejo del principio del interés superior del niño y la autonomía progresiva.

Priorizar

en las políticas y normativas nacionales medidas que contribuyan a garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres en todo el curso de vida, teniendo como marco las normativas internacionales y recomendaciones de obligatorio cumplimiento para los Estados.

Apertura

de los servicios de salud sexual y reproductiva al 100%.

Fortalecer

la persecución del delito de abuso sexual, la restitución de los derechos de las niñas vulneradas y el acceso a justicia, entre otras acciones puntuales para este grupo.

Implementar

la Encuesta a Establecimientos de Salud con Funciones Obstétricas y Neonatales-ENESA, la cual se implementó en el país hasta el año 2015.

Llevar

a cabo estudios estadísticos sobre indicadores relevantes en salud sexual y reproductiva con enfoques de género e interculturalidad, de forma nacional y con diferenciación por departamentos y ámbitos geográficos. Asimismo, avanzar en incorporar información estadística provincial y distrital, en coordinación con los Gobiernos Regionales.

Cruzar

información de las estadísticas del INEI y de la data administrativa del MINSA sobre nacimientos y otros relacionados a salud sexual y reproductiva, para avanzar en el seguimiento de los indicadores nacionales, departamentales, provinciales y distritales.

Implementar

en el acceso a la educación, acceso a la educación sexual integral, acceso a información y métodos anticonceptivos modernos y medidas de prevención y atención de casos de violencia sexual. Asimismo, es importante recoger información sobre el número de adolescentes embarazadas menores de 19 años de edad a nivel regional, provincial y distrital.

Nuestras principales propuestas

Aprobar una política multisectorial

con programa presupuestal propio y bajo el liderazgo del Ministerio de Salud, garantizando la incorporación de los múltiples factores y determinantes sociales que explican el problema; entre ellos el acceso a métodos anticonceptivos modernos, educación integral, protección frente a la violencia sexual y promoción de servicios de salud diferenciados.

Fortalecer la atención integral

de las madres adolescentes, así como la prevención del segundo embarazo, a través de los distintos programas sociales existentes y/o estableciendo otras medidas que aseguren acceso a servicios de salud integrales y especializados, así como la permanencia y conclusión de la educación secundaria.

Garantizar el acceso al aborto terapéutico

en todos los casos en los que la salud o vida de la adolescente se encuentre en riesgo, considerando de manera especial el acceso para las adolescentes menores a 15 años, por ser siempre embarazos del alto riesgo.

Implementar los lineamientos de ESI

en todas las escuelas del país, bajo el liderazgo del Ministerio de Educación, desde los enfoques de igualdad de género, derechos humanos e interculturalidad, que permita fortalecer y vivir una sexualidad libre de violencias.

Impulsar la educación sexual integrada comunitaria (ESI-C)

en el marco de una acción intersectorial e intergubernamental, con´liderazgo de gobiernos locales, que involucre a los diversos actores de la comunidad en la prevención y atención de casos que atenten contra el bienestar y desarrollo integral de las y los adolescentes.